La fianza es una garantía que entrega el arrendatario al arrendador a fin de asegurar el cumplimiento del contrato de arrendamiento.

El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece:

1.A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico de la cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos para uso distinto del de vivienda.

Por lo tanto, el pago de la fianza a la hora de formalizar un contrato de arrendamiento es obligatoria, dicha obligación viene avalada, además, por la jurisprudencia, que afirma que no resulta admisible la renuncia del cobro de la fianza (Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª, 595/2001, de 28 de mayo), y ello porque entra en colisión con la Disposición Adicional Tercera de la LAU que establece que: “1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de finca urbana sujetos a la presente Ley depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 36.1 de esta Ley, sin devengo de interés, a disposición de la Administración autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato.

Si transcurrido un mes desde la finalización del contrato la Administración autonómica o el ente público competente no procediere a la devolución de la cantidad depositada, esta devengará el interés legal correspondiente”.

En este sentido hemos de destacar que la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y la Comunidad Autónoma de Madrid, sí regulan el depósito de la fianza. En el caso de Castilla La Mancha a día de hoy no se han fijado ni sanciones ni recargos, por hacer el depósito fuera de plazo, lo que sí prevé la Comunidad de Madrid. El plazo para efectuar el depósito será de un mes o 30 días desde que se formaliza el contrato de arrendamiento, en ambas comunidades.

El presente artículo no constituye asesoramiento legal, únicamente tiene efecto informativo.

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